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Mi amigo honcureño René Velásquez me ha enviado este trabajo de Leticia Salomón, que esclarece muchos aspectos relacionados con el  golpe de Estado en Honduras.

Por Leticia Salomón

LOS HECHOS

1.       LA DETENCIÓN Y EXPATRIACIÓN DEL PRESIDENTE

El domingo 28 de junio de 2009, un contingente de militares rodearon la residencia del Presidente de la República, Manuel Zelaya Rosales (2006-2010), lo detuvieron, lo trasladaron a la Fuerza Aérea Hondureña y lo enviaron a Costa Rica, en un acto similar al que realizaban los militares en el pasado cuando querían deshacerse de los antiguos Jefes de las Fuerzas Armadas. El detonante principal fue la convocatoria a una encuesta de opinión a realizarse ese mismo día, promovida por el Presidente de la República, a través de la cual se le consultaría a la ciudadanía si
deseaba que en las elecciones de noviembre se colocara una cuarta urna (las otras tres corresponden al Presidente, a los diputados y a los alcaldes) para votar por la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente en el 2010, cuyo fin primordial sería la elaboración de una nueva Constitución de la República.

2.       EL PROCESO DE PRODUCCIÓN DEL GOLPE DE ESTADO

El golpe de Estado se venía gestando desde varios días atrás, alimentado por una
confrontación creciente entre los tres poderes del Estado, específicamente entre los
poderes Legislativo y Judicial contra el Poder Ejecutivo. Una de las manifestaciones
más evidentes fue el desconocimiento por dos poderes del Estado, de la decisión del
Presidente de la República de destituir al Jefe del Estado Mayor Conjunto, General
Romeo Vásquez Velásquez, por negarse a cumplir una orden del Ejecutivo, facultad
establecida en la propia Constitución de la República que se enmarca dentro de la
subordinación jerárquica de las Fuerzas Armadas al poder legítimamente constituido.
La restitución del mencionado General en su cargo en una operación relámpago por
parte de la Corte Suprema de Justicia y similar acción por parte del Congreso
Nacional, que llegó al extremo de declarar héroe nacional al militar, constituyó un
atentado a la independencia de poderes y llevó al límite la negativa de ambos
poderes a realizar una consulta ciudadana.

La decisión de consumar el golpe de Estado se tomó el jueves 25 de junio cuando el
mismo Presidente del Congreso pidió al pleno declarar deshabilitado al Presidente de
la República para continuar desempeñando su cargo, y procedió a constituir una
Comisión de Dictamen cuya resolución no se produjo con la celeridad que se esperaba, lo que unido a la cautela del Embajador de los Estados Unidos para apoyar la inhabilitación, impidió que el golpe de Estado se consumara ese mismo día.

3.       EL DESENCADENANTE

La Constitución vigente en Honduras data de 1982 y en ella no se contemplan los
mecanismos para revisarla y crear una nueva. Los constituyentes de la época,
conscientes de las debilidades de los partidos políticos tradicionales,
establecieron un conjunto de artículos denominados "pétreos" y una advertencia
encaminada a considerar como delito cualquier intento de reformarla. La iniciativa
del Presidente Zelaya de impulsar una consulta/encuesta ciudadana para preguntarle a la ciudadanía si quería que se colocara una cuarta urna en las elecciones generales de 2009, para decidir sobre la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente que se encargaría de reformar la constitución, recibió una reacción adversa de la clase política que recordaba constantemente que en el pasado autoritario esa propuesta llevaba implícita un golpe de Estado y, derivado de ello, el empeño continuista del Presidente de la República. A partir de ese momento, todo intento del Presidente para realizar la consulta chocaba con la oposición del Poder Legislativo, primero, y del Poder Judicial, después. Ambos intensificaban su oposición emitiendo constantes y veloces fallos de ilegalidad a las iniciativas del poder Ejecutivo, relacionadas con la cuarta urna, ya sea en la fase de consulta o en la fase de encuesta.

B.     LA ALIANZA POLÍTICO-ECONÓMICA-MEDIÁTICA

Lo anterior permitió la confluencia de intereses diversos:

1.       Intereses político-partidarios, que aglutinaron a seguidores del Presidente
del Congreso Nacional, Roberto Micheletti, candidato perdedor en las elecciones
primarias del partido Liberal, con un fuerte resentimiento con el presidente del
Poder Ejecutivo por no haberle dado el apoyo suficiente para asegurar su triunfo;
militantes del partido Nacional, que vieron la iniciativa del Presidente Zelaya como
una amenaza al triunfo del candidato de su Partido, Porfirio "Pepe" Lobo; diputados
de dos de los tres partidos pequeños, Pinu y Democracia Cristiana, que se
posicionaron al lado del presidente del Congreso Nacional en la confrontación de
poderes del Estado (la excepción la constituyó el partido Unificación Democrática de
tendencia izquierdista y con muy poca representación en el parlamento).

2.       Intereses político-institucionales, en torno a los que se agruparon las
siguientes instituciones: a) Corte Suprema de Justicia, de cuyos miembros ocho son
del partido Liberal, incluido su presidente, y siete son del partido Nacional. Todos
ellos fueron nombrados por el Congreso Nacional a propuesta de una Junta Nominadora, pero todos guardan un alto nivel de subordinación hacia el partido que votó por ellos y, en el caso del Presidente (de la Corte Suprema) mantiene una relación de dependencia directa con respecto al Presidente del Congreso Nacional b) Ministerio Público, dirigido por el Fiscal General, perteneciente al partido Liberal, y el
Fiscal General Adjunto, del partido Nacional, ambos nombrados recientemente por el
Congreso Nacional luego de fuertes negociaciones entre las bancadas en las que el
presidente Micheletti jugó un papel activo c) Procuraduría General de la República,
liberal nombrada por el Congreso Nacional y con fuerte dependencia de su partido d)
Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, reelecto por el Congreso Nacional
luego de intensas negociaciones con el partido Liberal y e) Tribunal Supremo
Electoral, organismo altamente partidizado cuyo presidente pertenece al partido
Liberal y mantiene vínculos directos con el presidente del Congreso.

3.       Intereses económicos, que juntaron a dirigentes empresariales de las
organizaciones gremiales, Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) y
Asociación Nacional de Industriales (ANDI), que estaban disgustados con la decisión
presidencial de aumentar unilateralmente el salario mínimo en diciembre anterior, a
pesar de la negativa empresarial a aumentarlo.

4.       Intereses mediáticos, que hicieron confluir a los principales dueños de
medios de comunicación a) Rafael Ferrari, del Partido Liberal, dueño de canales de
televisión 3, 5 y 7, y de una cadena de radio y varias radios menores, b) Carlos
Flores, también del Partido Liberal, ex presidente de Honduras y dueño de Diario La
Tribuna, de mucha influencia en la zona central del país y padre de la
Vicepresidenta del Congreso Nacional a quien colocó por su amistad con Roberto
Micheletti, entonces Presidente del Congreso Nacional, con una relación de
dependencia hacia el ex presidente; c) Jorge Cañahuatti, del Partido Nacional, dueño de los diarios El Heraldo y La Prensa, con fuerte influencia en la zona central el primero y nacional el segundo, confrontado con el gobierno desde el inicio, por
cuestiones partidarias y por quedar excluido de los contratos del gobierno. Desde
dos años atrás el presidente comenzó a señalar a los "poderes fácticos" que lo
presionaban para conseguir beneficios económicos, dentro de los cuales se
encontraban los empresarios de medios de comunicación y otras actividades
económicas, que se han señalado.
    

C.     LOS ARGUMENTOS SEÑALADOS

1.       El presidente quería imponer la democracia participativa
La clase política del país, representada en el Congreso Nacional a través de los
partidos actualmente constituidos, ha manifestado una resistencia creciente a
aceptar nuevas formas de democracia, como la participativa, argumentando que la
democracia representativa es la única forma de ejercicio de la democracia y que los
diputados al Congreso Nacional son los únicos facultados para opinar sobre los
asuntos públicos. La idea de consultar a la ciudadanía para opinar sobre un asunto
de trascendencia nacional, como la creación de una nueva Constitución adaptada a los cambios que ha experimentado el contexto nacional e internacional luego de 28 años de haber sido emitida, alteró la calma legislativa y sus diputados comenzaron a
argumentar que la Constitución de la República no se podía cambiar porque los
constituyentes que emitieron la Constitución de 1982, actualmente vigente,
decidieron que habían artículos pétreos que hacían imposible que la Constitución
fuera reformada.

2.       El Presidente desobedeció las órdenes judiciales
La insistencia del Presidente de la República de continuar adelante con la idea de
la cuarta urna, pese a la oposición del Poder Legislativo, secundada por el Poder
Judicial, llevó al límite la confrontación entre los poderes del Estado y todos
ellos terminaron con argumentaciones y contra argumentaciones jurídicas que
evidenciaron la politización partidaria del Poder Judicial que se posicionó al lado
del Poder Legislativo en el conflicto entre Poder Legislativo y Poder Ejecutivo. De
esta manera, lo que pudo haber sido un conflicto exclusivamente jurídico, que debía
resolverse en los tribunales de Justicia, se convirtió en un problema esencialmente
político que se manejó públicamente como problema jurídico, aunque privadamente, a través de negociaciones entre el Poder Ejecutivo y la alianza político-económica-mediática, se manejó como un problema político.

3.       El Presidente pretendía continuar en el poder
El argumento del continuismo comenzó a ser utilizado por el Congreso Nacional,
secundado por los dueños de medios de comunicación, la empresa privada, sectores
conservadores, personas y grupos interesados, y militares retirados que comenzaron a plantar la idea de que el presidente quería continuar en el poder, a pesar de su
reiterada afirmación de que él estaría en el gobierno hasta el último día de su
mandato y que la Asamblea Nacional Constituyente sería tarea del nuevo gobierno que iniciaría en el 2010. En esta percepción pudieron influir declaraciones iniciales
contradictorias por parte de funcionarios allegados al Presidente de la República,
que pudieron contribuir a confundir a los sectores en confrontación sobre este tema,
aunque el mismo adquirió su propia dinámica y comenzó a repetirse una u otra vez por parte de todos los componentes de la alianza política-económica-mediática, hasta lograr un alto nivel de manipulación y desinformación.

4.       El presidente quería instaurar el comunismo en el país
La cercanía del Presidente Zelaya con los países integrantes de la Alianza
Bolivariana de las Américas (ALBA) y Petrocaribe, le creó una imagen de centro
izquierda que incomodó a empresarios y políticos que comenzaron a asociar todas las decisiones gubernamentales con acciones encaminadas a instaurar el comunismo en el país, situación que fue hábilmente manipulada por los medios de comunicación y repetida insistentemente por los militares retirados que adquirieron un protagonismo creado y estimulado por las fuerzas opositoras al gobierno. La cercanía a los países de la ALBA, en particular, Venezuela, Nicaragua y Cuba, les llevó a estigmatizar a gobierno y ciudadanos de estos países, y a considerar que la presencia de sus diplomáticos en el país constituía una amenaza para la democracia.

5.       El Presidente ha incumplido sus funciones
El tema de la cuarta urna desplazó a todos los otros temas de la agenda nacional,
acaparando la atención de legisladores, funcionarios y medios de comunicación, al
extremo que medios de comunicación de la alianza político-económica-mediática
dedicaban espacios casi completos a cuestionar el tema y, por supuesto, el gobierno utilizaba el canal del Estado y un par de canales más, para defender su posición en torno a la cuarta urna. La alianza opositora continuó cuestionando la insistencia presidencial en mantener el tema y decidieron cuestionarlo por la falta de atención, que según ellos, le restaba a la fiebre AH1N1, inundaciones y terremotos.

D.     EL PAPEL DE LOS MILITARES

Conforme avanzaba la confrontación entre poderes del Estado, en una evidente crisis de ingobernabilidad política, la alianza opositora comenzó a acercarse al Jefe del Estado Mayor Conjunto, General Romeo Vásquez Velásquez, y a la Junta de Comandantes, para pedirles que no obedecieran las órdenes del presidente de la República, de repartir las cajas para la encuesta de opinión en todo el país. A la vez que negociaba con la cúpula militar en privado, colocaba en la agenda pública a
militares retirados, protagonistas de la década de los ochenta, formados en plena
guerra fría, reafirmando posiciones anticomunistas, incitando a la desobediencia y
haciendo llamados a la insubordinación de los militares activos. La crisis permitió
que personajes sumados en el anonimato adquirieran visibilidad y se convirtieran en
referentes notables para los medios de comunicación de la alianza opositora,
militarizando la agenda de los medios y polarizando la sociedad en dos grupos
fuertemente enfrentados, los que estaban a favor y los que estaban en contra. La
destitución del Jefe del Estado Mayor y la renuncia del Secretario de Defensa,
Edmundo Orellana, fue una consecuencia lógica de la presión político-jurídica a que
se vieron enfrentados los militares durante varios días de confrontación.

Hasta ese momento las Fuerzas Armadas aparecían como víctimas de la polarización
civil en el plano político. A partir de ahí y luego de la restitución
político-judicial del General en su cargo, y después de su reconocimiento público en
el Congreso Nacional como "héroe nacional", por haberle desobedecido al Presidente
de la República, el militar comenzó a participar en marchas y protestas callejeras,
y a dar entrevistas para los medios opositores, definiéndose claramente del lado de
la alianza político-económica-mediática. La Junta de Comandantes, constituida por
los Jefes de las tres fuerzas y el Inspector General, además del propio Jefe del
Estado Mayor Conjunto, decidió involucrarse en la confrontación tomando partido por la alianza opositora y ejecutando el golpe de Estado de la mañana de 28 de junio.
Muchos años de profesionalización y creciente subordinación militar a los gobiernos
legítimamente constituidos fueron echados por la borda por los Comandantes militares que prefirieron anteponer sus intereses y rencores particulares, y sucumbir ante el poder económico y político, cometiendo uno de los errores más grandes que marcarán negativamente a su institución. En estos 28 años de construcción democrática, las Fuerzas Armadas lograron construir paso a paso una fuerte legitimidad ante la sociedad, al grado que aparecían en las encuestas con un nivel de aceptación similar al de la iglesia católica. Verlos en la calle, al lado de la Policía, persiguiendo y golpeando a ciudadanos hondureños que se plantaron para rechazar el golpe de Estado, representa un retroceso grave por el cual pagarán su precio ante la historia y ante la sociedad.

E.      LAS CONTRADICCIONES DEL CONGRESO NACIONAL

Lo ocurrido en el Congreso nacional durante el domingo 28 de junio pasará a la
historia del país como un ejemplo de los extremos a los que puede conducir la
combinación de intolerancia, manipulación del significado de la democracia,
intereses personales, ideologización del conflicto político y rivalidades
intrapartidarias. Lo más lamentable es la reproducción de los viejos métodos
militares que combinaban mentiras sostenidas como verdades, silencio oficial ante la
situación crítica, sometimiento de los medios de comunicación opuestos al golpe,
desinformación, ausencia de información sobre lo que ocurre, intervención de
teléfonos, detención de funcionarios, represión de manifestantes, interrupción del
fluido eléctrico, intento de controlar la comunicación electrónica y auto
proclamación como defensores de la nación. Lo anterior dio lugar a una serie de
contradicciones en que incurrieron los diputados y allegados, reproducidas fielmente
por los medios de comunicación, las cuales se resumen en lo siguiente:

1.       La carta de renuncia del Presidente del Ejecutivo
La justificación del golpe de Estado fue la renuncia que supuestamente había firmado y sellado el presidente de la República el domingo 28 de junio, en la que indicaba que lo hacía por razones de salud y para preservar la paz de la nación. La carta presentaba fecha del jueves 25 de junio, fecha en que se había planificado el golpe de Estado como producto de las conversaciones entre el presidente del Congreso Nacional y el Jefe del Estado Mayor Conjunto y en la cual esperaban inhabilitar al Presidente de la República.

2.       Sustitución versus derrocamiento
La argumentación central utilizada por los diputados del Congreso Nacional es que
ante el vacío dejado por la renuncia del Presidente de la República, el Congreso
Nacional se ve obligado a sustituirlo por el Presidente del Congreso, a quien le
toca constitucionalmente la sucesión en el cargo. Sin embargo, ellos mismos y sus
allegados han caído en contradicciones al repetir que el presidente ha sido
derrocado, relevado de su cargo, inhabilitado o separado del mismo por incumplir
órdenes judiciales. El Decreto Legislativo estableció improbar la actuación del
Presidente de la República y separarlo de su cargo.

3.       Espíritu de cuerpo versus intereses partidarios
El Congreso Nacional ha asumido posiciones bastante homogéneas ante el golpe de
Estado. Ha aparecido como un poder del Estado confrontado con otro poder del Estado, sin distinciones partidarias entre liberales y nacionalistas, aunque a nivel
individual cada uno apuesta a sus propios intereses, como la distribución de cargos
públicos en los siete meses que faltan para que el Presidente Zelaya termine su
período presidencial, y la distribución de cargos en el Congreso Nacional, una vez
que inicie el próximo gobierno. Los nacionalistas apostaron al golpe confiando que
esta crisis ahondaría las diferencias del partido Liberal y les haría perder las
elecciones de noviembre. Los liberales apostaron al golpe pensando que el control
del gobierno por siete meses les permitirá disponer de recursos públicos para
financiar su campaña y ganar los comicios de noviembre.

4.       De candidato perdedor a presidente de facto
La pérdida de las elecciones primarias de su partido ante su opositor Elvin Santos,
no fue un obstáculo para incorporarlo como socio menor en el proceso de golpe de
Estado, porque esa alianza lo fortalecía frente al Presidente quien lucía aislado de
su partido. El resentimiento generado como resultado de sus frustradas aspiraciones
presidenciales por la vía legal, se vio compensado ante la posibilidad de ser
presidente por la vía ilegal, como producto de un golpe de Estado.

F.      LAS DEBILIDADES GENERADORAS DE LA CRISIS

Es indudable que la crisis político-institucional que desembocó en el golpe de
Estado del 28 de junio, tiene raíces en la estructura del sistema político y en sus
debilidades para enfrentar adecuadamente los retos que supone la construcción de la democracia en nuestro país, entre las cuales podemos señalar las siguientes:

1.       Politización partidaria de las instituciones
Todas las instituciones del Estado son políticas por naturaleza, pero imprimirle un
sello partidario excluyente, subordinado e irrespetuoso, traspasa los límites de lo
aceptable y se convierte en una debilidad que puede convertirse en una amenaza para el fortalecimiento democrático. La falta de independencia y la limitación de la
autonomía para desempeñarse frente a la ciudadanía se convierte en una fuerte
debilidad que ha aflorado en esta crisis con dimensiones tan grandes que deben
motivar a una profunda reflexión.

2.       Candidatura presidencial de los Presidentes del Poder Legislativo
En los últimos años se ha observado una creciente tendencia a la confrontación entre los poderes Legislativo y Ejecutivo, particularmente en los dos últimos años de
gobierno, cuando comienzan a definirse los precandidatos y candidatos a la
Presidencia de la República. Un factor explicativo clave es el lanzamiento de las
candidaturas presidenciales de los presidentes del Congreso Nacional que lleva al
parlamento a poner distancia ante el poder Ejecutivo e inclusive confrontarlo, para
obtener una mayor aceptación popular o para comenzar a ejercer el poder antes de
obtenerlo. En años pasados se realizó una reforma encaminada a impedir que este tipo de candidaturas se pudieran lanzar sin antes haber renunciado a su cargo, pero la misma politización de las instituciones, en particular del Sistema Judicial, ha
hecho que los dos últimos presidentes de ese poder del Estado hayan lanzado sus
candidaturas a pesar de la prohibición derivada de una reforma constitucional.

3.       Incapacidad política para lograr acuerdos
De manera creciente se ha observado la incapacidad política para articular consensos y alcanzar acuerdos, característica que libró en el pasado a nuestro país de los enfrentamientos bélicos que se produjeron en otros países de Centroamérica. Esta tendencia ha llegado a su máxima expresión en la crisis que condujo al actual golpe de Estado, situación que pudo evitarse si hubiera existido voluntad política para ceder en las dos partes en conflicto, mayor disposición a la negociación y mejor preparación para la solución pacífica de los conflictos.

4.       Recurrencia a poderes arbitrales
Una gran debilidad del sistema político hondureño, muy vinculada a la anterior, es
la constante búsqueda de poderes arbitrales para solucionar los conflictos. La
recurrencia a las Fuerzas Armadas es la actitud que lo ha caracterizado
históricamente, aunque esta decisión ha terminado siempre, como ahora, en golpes de Estado, luego de otorgarles un protagonismo político que no les corresponde. Una
nueva manifestación de esta tendencia se expresa en la recurrencia a las iglesias
como factor mediador y arbitral, papel que tampoco les corresponde por la condición
laica del Estado hondureño. En este proceso de polarización y posterior golpe de
Estado, las iglesias hondureñas, tanto la católica como las evangélicas, no sólo
fallaron en su papel mediador sino que se inclinaron por una de las fuerzas en
conflicto, exacerbando los ánimos e intensificando la polarización. Esta tendencia
es negativa porque le concede protagonismo político a dos instituciones que no deben tenerlo porque ocupan y deben ocupar espacios que no deben estar contaminados por la política.

5.       Cultura de la intolerancia, el irrespeto y la confrontación
Una característica relativamente nueva del sistema político hondureño es la
intolerancia a los que son y piensan diferente; el irrespeto al otro, incluidas las
máximas autoridades de nuestro país; y la tendencia a convertir diálogos en
confrontación. Esta situación se ha observado con mucha preocupación en la crisis
actual tanto en el ámbito político como en el ámbito social. Llama la atención que
la confrontación llegó al límite, provocada y estimulada por los medios de
comunicación de la alianza opositora, impregnando a la sociedad de lo que hasta
ahora ha sido una característica de los medios de comunicación en general: ofensas,
lenguaje soez, gritos, invasión de la privacidad, agresión, acusaciones infundadas.
Todo ello se vio en este proceso, lo que imposibilita más la búsqueda de consensos y la solución pacífica de los conflictos.

G.     UN GOLPE AL PROCESO DEMOCRÁTICO

Si no fuera por el drama provocado por el golpe de Estado, la detención y expulsión
del Presidente de la República, la represión de manifestantes, las violaciones a las
garantías individuales y los controles a la libertad de expresión, provocaría
hilaridad la forma en que los políticos hondureños definen la democracia, el orden
democrático y el fortalecimiento institucional. Mantienen el viejo concepto
ideologizado de democracia que colocaba a los militares como sus máximos defensores, consideran orden democrático al castigo impuesto al Presidente de un poder del Estado por atreverse a desafiar al Congreso Nacional y denominan fortalecimiento institucional a la rapidez con que nombran a su sustituto y a su nuevo gabinete. La situación se volvería más hilarante si los escuchamos razonando sobre porqué lo sucedido no puede definirse como un golpe de Estado: no lo es, dicen, porque siguen existiendo los tres poderes, no se ha roto el orden constitucional y no hay militares al frente de las instituciones del Estado.

Los políticos hondureños le han dado un fuerte golpe al proceso de construcción
democrática que se ha venido gestando en los últimos 28 años, demostrando
intolerancia, irrespeto a la independencia de poderes, autoritarismo, ignorancia de
los cambios que se han producido en el contexto internacional, ambiciones
desmedidas, subordinación a los grupos económicos y un profundo irrespeto al Estado de Derecho.

Las Fuerzas Armadas se volvieron cómplices del rompimiento del orden constitucional
y le provocaron un profundo daño a su imagen institucional, sustituyendo su
condición profesional, apolítica y no deliberante, por la condición peyorativa de
gorilas con que se les conocía hasta la década de los ochenta. Se sumaron al juego
de los protagonistas de la alianza político-económica y mediática, y se convirtieron
en instrumento para que ellos lograran sus objetivos y se quedaran con la gloria,
mientras la institución se quedaba con la ignominia.

Todas las personas, grupos y políticos tienen derecho a apoyar o rechazar sistemas
ideológicos que caracterizan a los países de nuestro continente; a lo que no tienen
derecho es a imponer su criterio particular como criterio general de la sociedad, a
impedir que un presidente termine su mandato constitucional porque no comparten con él sus simpatías personales con otros presidentes y a impedir que la ciudadanía sea consultada sobre cualquier tema, incluyendo la elaboración de una nueva
Constitución. Manifestarse sobre estos y otros temas, es también un derecho de
todos, pero expresar públicamente nuestras preferencias y gritarlas con toda la
fuerza que podamos, no nos hace superiores a los otros.

  a..      Consultar a la ciudadanía no puede ser nunca un acto ilegal: cuando los
integrantes de la alianza política-económica y mediática asuman el significado de
esta frase, será un gran indicador de avance en cultura política democrática.
  b..       Reconocer y respetar la coexistencia de personas, partidos y países que
son o piensan diferentes, será un gran indicador de que las Fuerzas Armadas
hondureñas superaron su condición primitiva y atrasada.
  c..      Emitir una opinión no implica obligatoriamente estar a favor o en contra,
cuando la sociedad hondureña asuma este criterio, será un gran indicador de su
capacidad para debatir y proponer.

Tegucigalpa, Honduras, 29 de junio de 2009

Leticia Salomón: socióloga y economista, profesora del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Honduras e investigadora asociada del Centro de Documentación (CEDOH). Autora de varios libros de análisis político-social.

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